Un fallo judicial suspendió el decreto que permitía la privatización del Banco de la Nación Argentina (BNA). La decisión del juez Alejo Ramos Padilla establece que la transformación del banco solo puede realizarse mediante una ley formal del Congreso. Además, requirió al Gobierno un informe sobre el interés público que justificaría el cambio.
La Justicia suspendió el decreto que transformaba al Banco Nación
La Justicia federal de La Plata ordenó este martes la suspensión del decreto 116/2025, que convertía al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima y permitía el ingreso de capitales privados. Esta medida cautelar fue dictada en el marco de una causa que cuestiona la legalidad del proceso de privatización.
Fundamentos del fallo
En su resolución, el juez Alejo Ramos Padilla indicó: “Disponer como medida cautelar interina la suspensión de los efectos del DNU y ordenar al Estado Nacional y al Banco de la Nación Argentina que se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”. Además, solicitó que, en un plazo de cinco días, las autoridades del Gobierno presenten un informe detallando el interés público comprometido en la medida.
El rol de la Asociación Bancaria en la causa
Esta causa fue impulsada por la Asociación Bancaria, el gremio de empleados del sector, liderado por Sergio Palazzo. Desde junio de 2024, la organización sindical presentó recursos judiciales para declarar “nula e inconstitucional” la resolución que permitía la privatización del BNA.
Antecedentes y próximos pasos
El 25 de septiembre pasado, el juez Ramos Padilla había declarado que el DNU 70/23 y la resolución 348 del Directorio del BNA no autorizaban la modificación jurídica del banco sin la intervención del Congreso. Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá evaluar y decidir si confirma o revoca esta decisión.
Repercusiones políticas y económicas
El fallo generó reacciones en el ámbito político y económico. Mientras que sectores sindicales y opositores celebraron la medida como una garantía de protección para el banco estatal, desde el oficialismo se defiende la privatización como una estrategia para fortalecer la competitividad del sistema financiero.
