La Justicia federal dispuso un decomiso histórico contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados por la administración fraudulenta de fondos públicos destinados a la obra pública de Santa Cruz.
La resolución, firmada el 18 de noviembre, se dictó tras adquirirse la firmeza de la sentencia el pasado 10 de junio y luego de que los condenados no cumplieran con la intimación a entregar voluntariamente los bienes o cubrir la suma determinada en el fallo.
El monto original fijado en 2022 —unos $84.800 millones— fue actualizado por peritos de la Corte Suprema, la fiscalía y el tribunal, llegando a la cifra actual, impactada por la inflación y el valor de mercado de los activos.
El decomiso involucra bienes de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hermanos SA y Loscalzo y Del Curto SRL, empresas centrales en el esquema de adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. También incluye propiedades y activos transferidos a los hijos de la vicepresidenta mandato cumplido, además de bienes relacionados con otros condenados: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
El tribunal aclaró que, si los inmuebles decomisados no cubren la suma exigida, se avanzará sobre otros bienes detectados en el proceso o que puedan identificarse en la etapa de ejecución de sentencia.
Los fundamentos del tribunal
El TOF 2 sostuvo que la sentencia firme acreditó beneficios económicos —directos e indirectos— para Báez y la familia Kirchner, generados por la adjudicación irregular de contratos y el direccionamiento de obras públicas. Bajo ese criterio, el decomiso abarca “instrumentos, efectos o provecho del delito”, incluso si los bienes se encuentran en manos de terceros que no sean adquirentes de buena fe.
El fallo cita normativa internacional, como la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obliga a los Estados a recuperar activos derivados de delitos contra la administración pública. También remarca que el decomiso puede aplicarse sobre bienes transformados o mezclados con activos lícitos siempre que exista una conexión razonable con los hechos investigados.
Las defensas de Cristina Kirchner, Báez y los demás condenados objetaron la decisión, cuestionando la relación entre los bienes y las maniobras delictivas, así como la validez de la prueba utilizada. Sin embargo, los jueces recordaron que esos planteos ya habían sido rechazados en instancias anteriores.
Qué pasará ahora con los bienes
El tribunal ordenó inscribir todos los activos decomisados en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Comisados, paso previo a su administración y eventual venta.
Asimismo, notificó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que será la encargada de definir el destino final de los bienes según el reglamento vigente. La finalidad del decomiso, enfatiza la resolución, es reparar el daño causado al Estado y asegurar la recuperación de recursos públicos desviados.
La fiscalía podrá seguir identificando bienes vinculados al delito durante la ejecución, por lo que el valor total recuperado podría incrementarse.
Este caso marca uno de los decomisos más importantes de la historia judicial argentina, tanto por su magnitud económica como por el alcance de los bienes involucrados.
