El Senado comenzó a tratar este miércoles la reforma laboral impulsada por el Gobierno, un proyecto que incorpora 28 modificaciones respecto del texto original tras negociaciones con sectores de la oposición. El oficialismo busca obtener la media sanción en sesiones extraordinarias antes de que la iniciativa pase a Diputados, donde se anticipa un debate más complejo.
La Cámara alta inició el tratamiento de la versión consensuada de la reforma laboral, luego de semanas de diálogo con representantes políticos, empresariales y sindicales. Desde el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios para lograr la media sanción.
De obtener el aval del Senado, el proyecto será girado a Diputados, escenario que el propio Gobierno reconoce como más exigente en términos de negociación parlamentaria.
Cambios tributarios y definiciones salariales
Entre las principales modificaciones incorporadas al texto final se destaca la eliminación del artículo que proponía reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que generaba preocupación en las provincias por su impacto en la coparticipación.
Asimismo, se confirmó que el pago de salarios deberá realizarse exclusivamente mediante bancarización, descartando el uso de billeteras virtuales como modalidad válida.
También se estableció que la derogación de estatutos y regímenes especiales entrará en vigencia 180 días después de sancionada la ley.
Aportes sindicales y cargas patronales
En materia gremial, el proyecto mantiene por dos años el aporte solidario sindical con un tope del 2%, frente a porcentajes más altos vigentes en algunos sectores. Además, no prosperó la reducción de las cargas patronales destinadas a obras sociales, que continuarán en el 6%.
Las empresas seguirán actuando como agentes de retención de cuotas sindicales. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2028, los aportes a asociaciones empresariales y sindicales pasarán a ser voluntarios y requerirán consentimiento individual expreso.
Nuevos servicios esenciales y regulación de conflictos
La iniciativa amplía el listado de servicios esenciales, incorporando actividades como la educación en niveles inicial, primario y secundario, el transporte de caudales y la seguridad privada. Además, se establece que las fuerzas de seguridad deberán garantizar una cobertura total de su prestación habitual.
Cambios en indemnizaciones y actualización de créditos
Uno de los puntos centrales es la redefinición de la base para calcular la indemnización por despido sin causa. El nuevo criterio contempla únicamente conceptos mensuales, normales y habituales, excluyendo ítems como aguinaldo y vacaciones.
El texto fija que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y establece un mecanismo de actualización de créditos laborales basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.
Además, se habilita el pago de sentencias judiciales en cuotas: hasta seis pagos mensuales para grandes empresas y hasta doce para MiPyMEs y empleadores individuales.
Creación del Fondo de Asistencia Laboral
El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos de desvinculación e indemnizaciones. Será financiado con aportes mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas. El fondo tendrá carácter inembargable y afectación específica.
Modernización y nuevos regímenes laborales
La iniciativa establece que la registración ante ARCA será suficiente para acreditar la relación laboral, permitiendo además la digitalización de libros laborales con validez legal y conservación obligatoria por diez años.
También habilita acuerdos voluntarios de banco de horas, la posibilidad de fraccionar vacaciones con un mínimo de siete días y la ampliación del período para su otorgamiento entre octubre y abril.
Se incorporan el Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL) y el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientados a promover capacitación e inversión productiva.
Por último, se contempla una reducción de cargas sociales para nuevos empleos y la posibilidad de que convenios colectivos de empresa prevalezcan sobre acuerdos nacionales en determinadas condiciones.
Un debate con fuerte impacto político y económico
El tratamiento en el Senado representa el primer paso legislativo de una iniciativa que el Gobierno considera estructural para el mercado laboral argentino. La propuesta ya genera un intenso debate entre sindicatos, empresarios y sectores políticos, en un contexto de reformas económicas más amplias que incluirían un futuro proyecto de reforma fiscal integral.
