Este miércoles se realizó una audiencia clave en el Juzgado de Garantías de Esquina, donde se debatió la situación judicial de la Marina Arce, imputada por presuntas estafas y falsificación de documentos públicos. Tras escuchar a las partes, el juez resolvió mantener la prisión preventiva de la acusada hasta el inicio del juicio, una decisión que fue inmediatamente impugnada por la defensa.
Durante la audiencia, el fiscal del caso solicitó que la imputada continúe detenida debido a la gravedad de los delitos investigados y al avance de la causa.
Según se expuso en la instancia judicial, Arce enfrenta acusaciones vinculadas a maniobras de estafa y falsificación de documentación pública, hechos que forman parte de una investigación que generó gran repercusión en la ciudad de Esquina.
La defensa solicitó la liberación
Por su parte, el abogado defensor Roque Gelarede argumentó ante el tribunal que no existirían fundamentos suficientes para sostener la detención preventiva, por lo que pidió la liberación de su clienta mientras continúa el proceso judicial.
Sin embargo, el juez de garantías Gustavo Vallejos resolvió rechazar el planteo de la defensa y mantener la medida de coerción, considerando la seriedad de las acusaciones que pesan sobre la imputada.
La causa llegará a la Cámara de Apelaciones
Tras conocerse la decisión judicial, la defensa presentó una impugnación de la resolución, lo que abrió un nuevo capítulo en el proceso.
Por este motivo, este jueves a las 12 del mediodía se realizará una nueva audiencia ante el Tribunal de la Cámara de Apelaciones de Mercedes, donde un tribunal colegiado analizará el planteo presentado por la defensa.
En esa instancia se definirá si se revoca la prisión preventiva o si se ratifica la decisión del juez de garantías.
Un caso que genera fuerte repercusión
La situación judicial de Marina Arce, conocida públicamente en algunos sectores como “la Reina de la Estafa”, continúa generando gran interés en la comunidad.
Las decisiones que se tomen en las próximas horas en la Cámara de Apelaciones podrían marcar un nuevo rumbo en una causa que mantiene la atención pública y judicial en la región.
