El abogado Guillermo Dragotto, representante de Leonardo Cositorto, presentó una denuncia contra la fiscal Juliana Companys por presunta falsedad e irregularidades vinculadas al inicio de la investigación por la causa Generación Zoe.
El abogado Guillermo Marcelo Dragotto, quien representa a Leonardo Cositorto, presentó una denuncia contra la fiscal Juliana Companys por presuntas irregularidades relacionadas con el origen de una investigación judicial iniciada en Villa María.
Según sostiene la presentación, la denuncia se basa principalmente en el testimonio de una exfuncionaria judicial, quien habría asegurado que el llamado telefónico anónimo del 3 de noviembre de 2021 que figura como origen de las actuaciones nunca se habría producido.
Los cuestionamientos están vinculados directamente con la investigación conocida como causa Generación Zoe, en la que Cositorto y otros integrantes fueron investigados por asociación ilícita y estafas.
Qué cuestiona la denuncia
De acuerdo con el escrito presentado por Dragotto, una constancia telefónica confeccionada el 3 de noviembre de 2021 habría dejado asentada una supuesta comunicación anónima relacionada con actividades desarrolladas en un local ubicado sobre calle Alem, en Villa María.
Según ese documento, la persona que realizó el supuesto llamado habría manifestado haber participado de un curso de capacitación en el que le ofrecieron rendimientos del 7,5% mensual en moneda extranjera.
La defensa sostiene que ese registro podría ser un instrumento público falso, a partir de las declaraciones realizadas posteriormente por una exintegrante del Poder Judicial.
El testimonio de una exfuncionaria judicial
La presentación menciona la declaración de Karina Maritano, exfuncionaria judicial, quien habría declarado ante la jueza María Licia Tulián, del Juzgado de Control de Río Segundo.
Según la denuncia, Maritano habría manifestado que el llamado telefónico utilizado como antecedente para iniciar las actuaciones nunca existió.
A partir de ese testimonio, la defensa plantea que la constancia incorporada al expediente podría presentar irregularidades y solicita que se investigue cómo fue confeccionado y utilizado ese documento.
Qué delitos pidió investigar la defensa
El abogado de Cositorto solicitó que se investiguen distintas figuras penales que, según su planteo, podrían estar relacionadas con los hechos denunciados.
Entre ellas mencionó falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad.
La defensa también planteó cuestionamientos respecto de las consecuencias que tuvo la investigación sobre la situación procesal de Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, quienes permanecieron detenidos durante aproximadamente tres años.
Solicitaron incorporar documentación a la causa
Dragotto pidió que se incorpore formalmente una copia certificada de la declaración testimonial de Maritano, realizada ante la Justicia provincial.
Además, presentó una copia digital del decreto y del acta correspondiente a 2021 que son cuestionados por la defensa, con el objetivo de respaldar los planteos realizados.
La denuncia busca determinar si existieron irregularidades en la documentación utilizada para dar inicio a la investigación y, eventualmente, establecer las responsabilidades correspondientes.
La investigación quedó a cargo de un fiscal
El expediente en el que se analiza la posible apertura de una investigación penal quedó a cargo del fiscal Matías Bornancini.
Según indicó Dragotto, la Cámara de Acusación había dispuesto previamente que las actuaciones fueran derivadas a esa sede para continuar con el trámite correspondiente.
Por el momento, la presentación constituye un planteo de la defensa y deberá ser analizada por las autoridades judiciales competentes.
Qué es la causa Generación Zoe
La denominada causa Generación Zoe comenzó en Villa María a principios de 2022 y tuvo como principal acusado a Leonardo Cositorto, junto con otros integrantes y colaboradores de la organización.
La investigación provincial estuvo inicialmente a cargo de Juliana Companys y apuntó a determinar la existencia de una estructura que, según la acusación, habría funcionado mediante un esquema de inversiones y rendimientos que derivó en denuncias por asociación ilícita y estafas reiteradas.
La investigación incluyó allanamientos, secuestros y numerosas denuncias de personas que aseguraron haber sufrido perjuicios económicos.
Tras distintos avances procesales y luego de que un primer pedido de elevación a juicio fuera cuestionado por la Cámara del Crimen, el expediente atravesó nuevas instancias judiciales.
En marzo de 2026, el tribunal provincial se declaró incompetente al considerar el carácter interjurisdiccional de la maniobra investigada y remitió el expediente a la Justicia Federal de Córdoba, donde quedó a disposición del fuero correspondiente.
