El Gobierno argentino presentó una solicitud formal ante la justicia de Estados Unidos para impedir el reconocimiento de una sentencia emitida en Londres que condena al país al pago de US$ 1.800 millones, en el marco del litigio vinculado al Cupón PBI. La estrategia apunta a evitar que el fallo pueda ejecutarse sobre activos argentinos en territorio estadounidense.
La presentación fue realizada ante una corte del distrito de Columbia, donde la Argentina solicitó que no se otorgue validez en Estados Unidos a la sentencia dictada por tribunales londinenses. El fallo cuestionado sostiene que el país manipuló las estadísticas oficiales de crecimiento económico publicadas por el INDEC, lo que habría evitado el pago de intereses correspondientes al año 2013.
Según la resolución de la justicia británica, la modificación de los datos de crecimiento permitió mantener el PBI por debajo del umbral que activaba el pago a los tenedores de estos instrumentos financieros.
El rol de los fondos demandantes y el riesgo de embargos
El principal fondo involucrado en el reclamo es Palladian Partners, junto a otros beneficiarios del fallo. Estos buscan que la sentencia sea reconocida por tribunales estadounidenses para avanzar con la identificación de activos embargables del Estado argentino y ejecutar el cobro de la deuda.
Desde la Procuración del Tesoro, organismo encargado de la defensa jurídica del país, indicaron que Argentina sostiene su posición apoyándose en las normas de inmunidad soberana previstas en la legislación estadounidense, las cuales limitan la ejecución de sentencias extranjeras contra Estados nacionales.
La postura del FMI y el estado del conflicto
El caso del Cupón PBI también fue abordado por el Fondo Monetario Internacional. En informes recientes, el organismo recomendó a la Argentina avanzar en negociaciones de buena fe para alcanzar un acuerdo rápido sobre las condiciones de pago del fallo emitido en Londres.
No obstante, tras esas declaraciones, los beneficiarios de la sentencia desmintieron que existan negociaciones en curso con el Estado argentino para resolver los atrasos mediante un plan de pagos. Especialistas en litigios internacionales señalaron que, al tratarse de un fallo inapelable, las opciones legales del país son limitadas.
El origen del litigio por el Cupón PBI
El conflicto se remonta a los bonos emitidos durante las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, que contemplaban pagos adicionales si la economía argentina superaba determinados niveles de crecimiento.
En 2014, el INDEC modificó la base de cálculo del Producto Bruto Interno, lo que impactó en la medición de años anteriores, entre ellos 2013. Esta decisión fue uno de los elementos centrales del reclamo judicial que derivó en la condena actual.
