A cuatro años del inicio de las detenciones vinculadas a Generación Zoe, el caso que tiene como principal imputado a Leonardo Cositorto vuelve a quedar bajo la lupa. La defensa del empresario sostiene que existieron irregularidades procesales, un trasfondo político y una fuerte construcción mediática previa a las sentencias, y anticipó que el expediente ya fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según plantean los abogados defensores, el punto de partida del caso se remonta al 17 de febrero de 2022, fecha en la que se produjeron las primeras detenciones. En ese marco, cuestionan el accionar de la fiscal de Villa María, Juliana Companys, funcionaria que —según la defensa— acumula numerosas denuncias en su contra por su desempeño en distintas causas.
Desde ese momento, aseguran, se habría consolidado una narrativa pública que presentó el caso como una estafa de gran escala, incluso antes de que existieran sentencias firmes.
El rol de los medios y la construcción del caso
Uno de los puntos señalados es la influencia mediática en el proceso judicial. La defensa sostiene que durante la etapa de instrucción se produjo el documental “El vendedor de ilusiones”, difundido por Netflix, lo que —según argumentan— contribuyó a instalar una condena social anticipada.
De acuerdo a esta versión, la participación de comunicadores y activistas digitales habría reforzado una imagen de culpabilidad antes de la finalización de los procesos judiciales.
El supuesto trasfondo político
Otro de los ejes centrales del planteo defensivo es el factor político. En 2021, Leonardo Cositorto inscribió el partido político “Despierta Argentina”, y desde su entorno sostienen que el crecimiento de Generación Zoe, con presencia en varios países y fuerte visibilidad pública, generó tensiones con sectores del poder.
La hipótesis que exponen es que el avance del proyecto político habría influido en el endurecimiento de las acciones judiciales, con el objetivo de neutralizar su proyección pública.
Denuncias sobre las condiciones de detención
La defensa también denunció violaciones a los derechos humanos durante la detención de Cositorto. Señalan que el empresario fue sometido a 14 traslados en condiciones que califican como inhumanas, con aislamiento prolongado y presiones psicológicas.
Según esta versión, el objetivo habría sido quebrar la voluntad del acusado, algo que —afirman— no se logró, ya que Cositorto mantiene su postura de buscar una revisión integral del proceso judicial.
Denuncias sobre las condiciones de detención
La defensa también denunció violaciones a los derechos humanos durante la detención de Cositorto. Señalan que el empresario fue sometido a 14 traslados en condiciones que califican como inhumanas, con aislamiento prolongado y presiones psicológicas.
Según esta versión, el objetivo habría sido quebrar la voluntad del acusado, algo que —afirman— no se logró, ya que Cositorto mantiene su postura de buscar una revisión integral del proceso judicial.
El juicio en Goya y las principales controversias
El foco actual del debate se centra en la condena dictada en Goya, Corrientes. La defensa cuestiona varios aspectos del fallo:
- Rechazo de acuerdos de reparación económica que, según indican, habrían permitido resarcir a los damnificados.
- Penas de 11 y 12 años de prisión por un reclamo estimado en 169.000 dólares, cifra que, aseguran, dista de los montos difundidos públicamente.
- La aplicación de la figura de asociación ilícita, que la defensa considera forzada, al sostener que no existirían pruebas documentales directas ni vínculos operativos locales comprobados.
Criterios judiciales dispares en distintas provincias
Otro punto destacado es la disparidad de criterios judiciales. Mientras en Córdoba se otorgó la libertad tras años de prisión preventiva y en Buenos Aires no se dictaron medidas similares, en Goya y Salta se avanzó con condenas de cumplimiento efectivo.
Desde la defensa entienden que estas diferencias vulneran principios básicos de igualdad ante la ley.
El debate de fondo: ¿delitos o deudas comerciales?
El caso abre un debate jurídico más amplio. Los abogados de Cositorto sostienen que se estaría criminalizando una deuda de carácter comercial, algo que —afirman— contradice la Constitución Nacional, que prohíbe la prisión por deudas.
Con la causa ahora en manos de la Corte Suprema, el entorno del empresario confía en que se revisen las actuaciones judiciales y se esclarezca si existieron excesos en el proceso.
Qué puede pasar ahora
En las próximas semanas se esperan novedades vinculadas a las presentaciones ante el máximo tribunal y posibles definiciones que podrían modificar el escenario judicial del caso Generación Zoe.
