La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vuelve a enfrentar un juicio oral en el marco de la Causa Cuadernos, considerada una de las investigaciones por corrupción más grandes de la historia judicial argentina.
La fiscal general Fabiana León, a cargo de la acusación, señaló que se trata de una causa “solo comparable con muy pocas en el mundo”. El Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, llevará adelante un debate que podría extenderse al menos tres años.
Durante el primer mes, las audiencias se realizarán cada jueves y se leerán los requerimientos de elevación a juicio tanto del caso principal como de los expedientes conexos.
La causa investiga una presunta red de recaudación ilegal de fondos provenientes de empresas constructoras, energéticas y de transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales durante los gobiernos kirchneristas.
Cristina Kirchner, De Vido y otros exfuncionarios en el banquillo
Además de Cristina Kirchner, están acusados el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exfuncionario Roberto Baratta, y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
La expresidenta deberá participar de manera virtual desde su domicilio en San José 1111, donde cumple la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, condena que fue ratificada este año por la Corte Suprema.
540 hechos bajo investigación y más de 60 empresarios involucrados
El juicio abarca 540 hechos de presuntos pagos ilegales que habrían sido realizados por 65 empresarios para obtener beneficios en la obra pública. Entre los acusados se encuentran nombres reconocidos del sector privado como Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.
El chofer Oscar Centeno, autor de los famosos cuadernos, figura como imputado colaborador, acusado de participar en la supuesta asociación ilícita que habría operado desde el Poder Ejecutivo Nacional.
Los delitos y las penas posibles
A los imputados se les atribuyen delitos de asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento, dependiendo del grado de participación.
El delito de asociación ilícita contempla penas de hasta 10 años de prisión, mientras que el cohecho prevé un máximo de 6 años.
Según fuentes judiciales, a partir de marzo de 2026 se sumará un día adicional de audiencias semanales, y las declaraciones indagatorias comenzarían hacia fin de año o luego de la feria judicial de enero. El tribunal aún debe definir si las audiencias futuras serán virtuales o presenciales.
