Por primera vez en Esquina, la Justicia dictó una medida que obliga a la clausura urgente del basural “Santa Librada”, tras una acción iniciada por el fiscal rural y ambiental Luciano Nicolás Bordón. La decisión fue tomada por el juez Joaquín Romero Alves, ante la evidencia de un grave riesgo para la salud y el ambiente.
El juez civil y comercial subrogante de Esquina, Joaquín Romero Alves, ordenó la clausura inmediata y preventiva del basural “Santa Librada“, ubicado en la chacra Nº 52 del plano urbano, tras hacer lugar a una medida cautelar innovadora promovida por el fiscal Luciano Nicolás Bordón.
La resolución también prohíbe, bajo apercibimiento legal, el ingreso y depósito de residuos sólidos urbanos, domiciliarios, patológicos, industriales o de cualquier tipo en el predio. Además, se emplazó a la Municipalidad de Esquina a instalar un cercado perimetral y cartelería de advertencia que indique el riesgo ambiental del sitio.
La clausura como medida excepcional y urgente
La medida cautelar fue dictada en el marco del artículo 201 del Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes, que habilita decisiones urgentes para anticipar efectos del fallo final cuando están en riesgo derechos fundamentales.
En su fallo, el magistrado destacó que la situación del basural constituye una amenaza concreta al derecho constitucional a un ambiente sano, y citó el principio precautorio de la Ley General del Ambiente Nº 25.675: ante el peligro de daño grave o irreversible, no se debe demorar la adopción de medidas.
Evidencias que sustentaron la clausura
El fiscal Bordón impulsó la medida tras actuaciones de oficio que revelaron, con respaldo técnico, el estado crítico del predio. Entre las pruebas figuran:
- Informes municipales que reconocen la existencia del basural a cielo abierto desde hace más de 20 años.
- La falta total de infraestructura de tratamiento o control.
- Presencia de personas y animales entre los residuos.
- Estudios técnicos del Ministerio Público que confirman contaminación del suelo y agua, vuelco incontrolado de residuos y afectaciones respiratorias en vecinos de la zona.
Las conclusiones del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) del Ministerio Público fueron determinantes para que el juez adoptara la medida de clausura como mecanismo de protección ambiental urgente.
