La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina. La iniciativa, que obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos tras más de ocho horas de debate, establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y ahora deberá ser tratada por el Senado para su sanción definitiva.
Hasta ahora, el sistema vigente establece que los menores de 16 años no pueden ser juzgados penalmente. Entre los 16 y 18 años solo pueden ser procesados en casos de delitos graves, y la privación de la libertad debe cumplirse en institutos especializados, no en cárceles comunes.
Con la reforma aprobada, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser procesados y juzgados penalmente. En caso de comprobarse su responsabilidad, podrían recibir penas de hasta 15 años de prisión (el proyecto original del Ejecutivo contemplaba hasta 20 años).
La propuesta inicial del Gobierno planteaba bajar la edad a 13 años, pero durante las negociaciones con bloques aliados como el PRO —referenciado en el expresidente Mauricio Macri— y la Unión Cívica Radical se consensuó fijarla en 14.
El contexto del debate
El tema volvió a tomar fuerza tras el asesinato de un adolescente de 15 años en la provincia de Santa Fe en diciembre pasado, hecho que generó conmoción pública y reavivó la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil.
Según datos preliminares del Ministerio de Seguridad, la tasa nacional de homicidios en 2025 fue de 3,7 cada 100.000 habitantes, el registro más bajo de América Latina y el Caribe. Sin embargo, la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Un informe de la Corte Suprema indicó que en el primer semestre de 2025 se iniciaron 945 causas penales contra niños, niñas y adolescentes en la Justicia Nacional de Menores. Nueve de cada diez involucrados fueron varones, principalmente de 16 y 17 años, y más del 80% de los delitos correspondieron a hechos contra la propiedad.
Rechazos y apoyos
La reforma recibió críticas de distintos sectores. Obispos de la Iglesia católica vinculados a las comisiones de Pastoral Social, Carcelaria y Cáritas cuestionaron la iniciativa al considerar que responde a un “oportunismo electoral” y pidieron priorizar políticas de educación y salud mental.
Por su parte, Unicef también expresó su rechazo, señalando que la privación de la libertad como medida habitual no ha demostrado reducir la delincuencia ni prevenir la reincidencia, y que las políticas sociales orientadas a la inclusión educativa y deportiva son más efectivas para abordar el delito juvenil.
El proyecto pasará ahora al Senado, donde se definirá su aprobación definitiva y el futuro del nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina.
