La jueza de Nueva York Loretta Preska ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de YPF como parte del pago de la sentencia por 16.100 millones de dólares. El fallo responde a la demanda iniciada por Burford Capital y otros fondos tras la estatización de la petrolera en 2012. El Gobierno de Javier Milei apelará la decisión.
Este lunes, la Justicia de Estados Unidos dictó una resolución que agrava la situación legal y económica de la Argentina. La jueza Loretta Preska ordenó al país transferir el 51% de las acciones de YPF a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon (BNYM), como parte del cumplimiento del fallo por la estatización de la petrolera en 2012. El monto de la sentencia asciende a 16.100 millones de dólares.
Aunque el Gobierno no deberá entregar de inmediato los títulos —el fallo aún puede ser apelado—, representa un duro revés en la estrategia legal oficial, justo cuando el Ejecutivo de Javier Milei enfrenta una situación económica crítica.
Origen del conflicto: la expropiación de YPF
En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de YPF, controlado entonces por Repsol. La operación dejó fuera del acuerdo a otros accionistas, como Petersen Energía y Eton Capital. En 2023, Preska dictó un fallo que obliga a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares, al considerar que el Estado no trató igualitariamente a los accionistas, tal como exige el estatuto de la compañía ante cambios de control superiores al 15% de participación.
El rol de Burford Capital y la respuesta del Gobierno
Burford Capital, un fondo especializado en la compra de derechos legales de empresas quebradas, compró la deuda de Petersen Energía y promovió la demanda contra el Estado argentino en Nueva York. A pesar de los intentos oficiales por llevar la causa a tribunales locales, la jueza Preska ratificó la competencia estadounidense y argumentó que los activos soberanos pueden ser ejecutables en EE.UU. si así lo establece la legislación, como en el caso de la FSIA (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras).
El presidente Javier Milei ya anticipó que apelará la decisión en todas las instancias disponibles, aunque también aprovechó para responsabilizar públicamente al actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la expropiación cuando era ministro de Economía: “El inútil soviético de Axel Kicillof”, escribió en su cuenta de X.
Un fallo que no involucra directamente a YPF
A pesar del revuelo mediático, la resolución de Preska deja fuera a YPF como compañía. La condena es exclusivamente contra el Estado argentino, que hoy no cuenta con recursos suficientes para pagar la suma demandada. Con reservas internacionales negativas y bajo la tutela del FMI, el país enfrenta un panorama legal y financiero complejo.
Además, la ley de estatización de YPF prohíbe transferir acciones sin la aprobación del Congreso, lo que convierte la ejecución del fallo en un escenario jurídico aún incierto.
Contexto internacional y reacción de la Casa Blanca
El fallo llega pese a que en noviembre de 2024 el Departamento de Justicia de EE.UU. recomendó a la jueza Preska no habilitar la indemnización solicitada por Burford y Eton, alegando que podría violar leyes locales y generar represalias por parte de Argentina. La recomendación no fue tenida en cuenta.
Este desenlace complica aún más la relación bilateral y podría afectar otros litigios similares con activos soberanos en juego.
