En medio de fuertes tensiones legislativas, el Gobierno decidió retirar el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que modificaba el régimen de licencias por enfermedad. La medida se tomó luego del rechazo anticipado de bloques aliados y del pedido explícito del PRO para excluir ese punto del dictamen.
La decisión se formalizó tras una serie de pronunciamientos públicos que evidenciaron la falta de consenso en torno al artículo cuestionado. El presidente del bloque del Propuesta Republicana (PRO), Cristián Ritondo, pidió eliminar el punto al considerar que era un obstáculo para la aprobación de la ley de modernización laboral.
En la misma línea se expresó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien advirtió que los diputados de los bloques Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no acompañarían el artículo 44. Según sostuvo, la redacción generaba incertidumbre para los trabajadores y debía corregirse o eliminarse.
Qué establecía el artículo 44
El artículo eliminado modificaba el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y redefinía el esquema de remuneración durante ausencias por accidentes o enfermedades inculpables, es decir, aquellas no vinculadas con la actividad laboral.
El texto proponía que el trabajador percibiera el 50% de su salario durante el período de inactividad. Además, contemplaba una excepción: si la situación no derivaba de una conducta voluntaria respecto del riesgo asumido, la remuneración ascendería al 75%. La redacción también aclaraba que las recaídas no serían consideradas enfermedades distintas.
Debate político y cambio de estrategia
Durante el fin de semana, la senadora Patricia Bullrich había señalado que se buscaba preservar el pago del 100% en casos de enfermedades graves, aunque la discusión sobre cómo instrumentar esa excepción quedó desplazada por la decisión de retirar completamente el artículo.
Inicialmente, sectores del oficialismo habían evaluado la posibilidad de atenuar el impacto mediante la reglamentación del Poder Ejecutivo, pero esa alternativa fue rechazada por bloques dialoguistas, que la consideraron jurídicamente inviable.
Finalmente, la Casa Rosada optó por desactivar el principal foco de conflicto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la modificación obliga a que el proyecto regrese al Senado, lo que reabre el debate y extiende las negociaciones en torno a una de las reformas centrales impulsadas por el oficialismo.
