El Gobierno destacó la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que suspendió la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF a un banco en Nueva York.
La resolución frena la medida dictada por la jueza Loretta Preska, que obligaba a transferir la mayoría accionaria de la petrolera estatal. El fallo, firmado por las juezas Myrna Pérez, Sarah Merriam y María Araújo Kahn, limita el stay únicamente a la orden del 30 de junio y no afecta el curso de la apelación contra la sentencia de 2023.
El documento, emitido el 15 de agosto, también ordena a la Argentina presentar las notificaciones de calendario conforme a las reglas del Segundo Circuito.
Apoyo del Departamento de Justicia de EE.UU.
El Ejecutivo celebró la decisión de habilitar la participación del Departamento de Justicia de Estados Unidos como amicus curiae en defensa de la posición argentina.
“Es un paso decisivo para resguardar un activo estratégico y los intereses de todos los argentinos”, expresó la Procuración del Tesoro.
Un litigio que lleva más de una década
El caso comenzó hace más de diez años y tuvo su sentencia de fondo en septiembre de 2023, cuando la Justicia de Nueva York condenó a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares más intereses por la expropiación de YPF.
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de discovery, en la que los demandantes buscan información sobre activos y bienes que podrían utilizar para ejecutar la sentencia. Entre los pedidos figuran datos sobre activos estatales y funcionarios argentinos.
Estrategia legal de la Argentina
Frente a este escenario, el Gobierno solicitó a Preska suspender la orden de discovery y frenar la entrega de información mientras se resuelve la apelación, con el fin de evitar embargos futuros.
La Casa Rosada remarca que la apelación de fondo seguirá su curso con presentaciones y audiencias en los próximos meses.
“Durante más de diez años distintas administraciones dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio. Hoy ejercemos plenamente nuestro derecho a la defensa, utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger los intereses nacionales”, concluyó el Ejecutivo.
