La decisión de una jueza laboral de mantener el feriado por el Día del Trabajador del Estado provocó fuertes críticas desde el Gobierno nacional y sectores afines. Funcionarios y dirigentes apuntaron contra la Justicia por considerar que se protegieron “privilegios” del empleo público. El Ejecutivo ya anunció que apelará la medida.
La jueza Moira Fullana suspendió los efectos del DNU que eliminaba el feriado del 27 de junio para empleados públicos. La cautelar, solicitada por ATE, beneficia solo a sus representados, pero generó un fuerte rechazo político y mediático, al considerar que perpetúa beneficios que no existen en el empleo privado.
Desde el Ejecutivo cuestionaron el rol del Poder Judicial y su supuesto alineamiento con sectores sindicales, lo que reavivó el debate sobre la equidad en el mercado laboral argentino.
Críticas del Gobierno y referentes políticos
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, fue tajante: “La mafia sindical consiguió que la casta judicial le proteja nuevamente uno de sus privilegios”. Aclaró que la medida no alcanza a todos los estatales, solo a los afiliados de ATE, y reafirmó que el Gobierno insistirá en eliminar los beneficios “sectoriales”.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también cuestionó la medida: “Una jueza con feriado de privilegio decidió que los empleados públicos tengan el feriado igual porque se consideran superiores al resto”.
Comparaciones con el trabajo informal y privado
Libarona enfatizó que “mañana un montón de albañiles, mozos, taxistas, peluqueros, enfermeros y mecánicos se van a levantar temprano y van a ir a trabajar porque ellos no tienen un feriado de privilegio”.
Por su parte, Silvana Giudici, dirigente del PRO, sostuvo que la medida visibiliza la diferencia entre el empleo público y privado, y llamó a “bajar un cambio con los privilegios”.
Apoyo a la apelación del Gobierno
El diputado nacional Alejandro Finochiaro coincidió con la postura oficialista: “Más allá de la decisión judicial, el gobierno hizo muy bien en poner en debate esta cuestión y los privilegios del Estado”. Reiteró la necesidad de equiparar condiciones laborales y cuestionó el sistema de beneficios exclusivos.
La Casa Rosada ya anticipó que apelará la cautelar dictada por Fullana, extendiendo así el conflicto entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y los gremios estatales.
Debate entre privilegios y derechos
El DNU que eliminaba el feriado se justificó con el argumento de “igualar condiciones” entre trabajadores del sector público y privado. La reacción sindical fue inmediata, y la controversia refleja una grieta que, según Giudici, “la sociedad empieza a poner en su lugar”.
La dirigente remarcó: “Los que realmente trabajan en la administración pública son unos privilegiados, porque tienen estabilidad, aguinaldo y están en blanco”.
