El Congreso de la Nación debate el proyecto de ley conocido como “Ficha Limpia”, una iniciativa que podría tener un impacto decisivo en el sistema político del país.
La ley establece que aquellos con condenas en segunda instancia judicial por delitos como corrupción, malversación de fondos públicos o enriquecimiento ilícito no podrán desempeñar funciones en la administración pública, abarcando desde niveles municipales hasta nacionales.
Esta restricción se aplicaría tanto a quienes accedan a cargos por elección popular como a los designados directamente.
El objetivo principal es reforzar la transparencia y credibilidad en la política argentina, limitando el acceso a posiciones de poder para personas involucradas en actos de corrupción u otros delitos graves.
Implicancias para figuras públicas
Si el Congreso aprueba la normativa, políticos con condenas en segunda instancia quedarán inhabilitados para participar en elecciones futuras o asumir roles en el Gobierno. Entre los posibles afectados figura Cristina Kirchner, cuya condena judicial, aunque aún no firme, podría dejarla fuera de una eventual candidatura en 2025.
Esta propuesta genera un debate intenso en el ámbito político, enfrentando posiciones entre quienes la ven como una herramienta de transparencia y quienes la perciben como una maniobra para limitar la participación de opositores.
Estado actual del proyecto
El Congreso enfrenta dificultades para avanzar con la discusión de Ficha Limpia, debido a la falta de quórum en la Cámara de Diputados en dos sesiones consecutivas. A pesar de esto, desde la oposición insisten en impulsar el debate, buscando acuerdos que permitan la aprobación de la ley.
