La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó que 150 personas fallecidas seguían cobrando pensiones por discapacidad, algunas hasta cinco años después de su muerte. El fraude habría causado pérdidas por 1.355 millones de pesos al Estado.
Una auditoría interna de la ANDIS descubrió que 150 personas fallecidas continuaban figurando como beneficiarias de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Este desfalco al Estado, estimado en 1.355 millones de pesos, involucró a 102 instituciones prestadoras de servicios en todo el país.
Además, se identificaron otros casos irregulares, como 212 beneficiarios que se encontraban en prisión, a pesar de estar procesados o condenados.
Medidas tomadas
El gobierno actual procedió a dar de baja tanto a los beneficiarios fallecidos como a los presos que percibían pensiones. Las auditorías también revelaron casos como el de un hombre de La Matanza que, a pesar de no cumplir los requisitos médicos, obtuvo una pensión en tiempo récord durante la gestión anterior.
Un sistema bajo investigación
La gestión pasada, encabezada por Paula Martínez, está en el foco de la justicia. Martínez manejó 3.400 millones de dólares destinados a pensiones por discapacidad, convirtiendo a la ANDIS en la quinta caja más importante del Estado. Durante su gestión, se otorgaron 300.000 nuevas pensiones, muchas de ellas en los últimos días del gobierno de Alberto Fernández.
El fiscal Guillermo Marijuán investiga cómo se flexibilizaron los controles normativos para facilitar estas irregularidades.
La polémica del “recorte”
La actual administración, liderada por Diego Spagnuolo, defiende su gestión frente a las acusaciones de “recortes”. Según el titular de la ANDIS, en el último año de la gestión anterior, los aumentos a prestadores quedaron 129 puntos porcentuales por debajo de la inflación.
En contraste, durante el primer año del gobierno de Javier Milei, los aumentos fueron más cercanos al índice inflacionario, aunque igualmente enfrentaron movilizaciones de prestadores.
