El Gobierno elimina normas de control de precios: detalles y alcances

En una medida que apunta a desregular mercados y simplificar procedimientos, el Gobierno derogó 43 normas que regulaban precios y actividades en sectores como carne vacuna, lácteos, supermercados, farmacias y servicios de cable.

La Secretaría de Comercio, encabezada por Pablo Lavigne, junto con el Ministerio de Economía, oficializó este martes la derogación de estas normas mediante la resolución 1212 y las resoluciones 433 y 434 publicadas en el Boletín Oficial el 19 de noviembre. 

Las disposiciones eliminadas abarcaban: 

Controles de precios en carne vacuna, lácteos y grandes supermercados. 

Regulaciones en farmacias y servicios de televisión por cable. 

Requerimientos de información a empresas e instituciones educativas. 

Según el Gobierno, estas normas permitían fijar precios y solicitar datos considerados “innecesarios”, lo que generaba rigidez en los mercados y costos administrativos adicionales. 

Simplificación de procedimientos

Además de eliminar regulaciones, el Gobierno simplificó ciertos procedimientos clave: 

1. Resolución 25/2007: 

   – Antes, para homologar neumáticos mediante el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS), era necesario cumplir requisitos adicionales establecidos por el INTI, lo que encarecía los precios. 

   – Con su derogación, se espera reducir costos y agilizar los trámites. 

2. Resoluciones 300/2009 y 312/2010: 

   – Estas normas obligaban a instituciones educativas privadas con enseñanza obligatoria a proporcionar información sobre costos laborales y aranceles. 

   – Su eliminación busca aliviar la carga administrativa en el sector educativo privado. 

Repercusiones y apoyos

La medida fue celebrada por referentes económicos como Federico Sturzenegger, ex titular del Banco Central, quien calificó la decisión como un “nuevo paso en pos de la libertad”. Este tipo de iniciativas, en línea con una menor intervención estatal, ha sido una demanda histórica de sectores pro-mercado. 

Por otro lado, críticos de la decisión advierten sobre posibles impactos en el control de precios esenciales y el acceso equitativo a bienes y servicios, aunque desde el Gobierno aseguran que estas normativas no resultaban efectivas en la práctica. 

Un cambio de enfoque en la política económica

La eliminación de estas normativas refleja un giro hacia políticas de desregulación económica que priorizan la libertad de mercado y la reducción de costos burocráticos. Esta decisión forma parte de una estrategia más amplia que busca fomentar la competitividad y simplificar las interacciones entre el sector privado y el Estado.