En el marco de un operativo preventivo de control sanitario, personal policial incautó más de 76 kilos de carne vacuna sin procedencia ni control bromatológico en una carnicería del paraje Batel, jurisdicción de Santa Lucía.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle, una fuerza especializada en la fiscalización de actividades vinculadas a la producción y comercialización de productos de origen animal.
Durante el operativo, se inspeccionó un comercio dedicado a la venta de carne, conocido como “Robledo”, como parte de controles de rutina orientados a verificar el cumplimiento de las normas bromatológicas en zonas rurales de la provincia.
Carne sin sello sanitario ni documentación
En la inspección, los efectivos detectaron la presencia de 76,3 kilos de carne vacuna que no contaban con sello sanitario oficial ni documentación que acreditara su control veterinario o su procedencia legal.
La falta total de certificaciones impidió determinar si el producto era apto para el consumo humano, configurando una infracción grave a las disposiciones que regulan la cadena de comercialización de carnes.
Según establece la normativa vigente, toda carne destinada a la venta debe provenir de establecimientos habilitados y haber sido sometida a controles sanitarios oficiales, requisitos que no se cumplían en este caso.
Riesgo para la salud pública
Desde las autoridades remarcaron que la venta de carne sin control sanitario representa un riesgo potencial para la población, ya que no se puede descartar la presencia de enfermedades, contaminación bacteriana u otras condiciones peligrosas para la salud.
Por este motivo, el procedimiento se enmarcó en las políticas de prevención orientadas a proteger a los consumidores y garantizar alimentos seguros.
Intervención judicial y medidas adoptadas
Ante las irregularidades detectadas, se dio intervención al fiscal Enzo López, quien dispuso el secuestro total del producto incautado. La carne fue sometida a un peritaje veterinario, que confirmó su falta de aptitud para el consumo humano.
Cumplidas las instancias periciales, se ordenó la incineración de la carne secuestrada como método de disposición final, evitando cualquier posibilidad de reintroducción en el circuito comercial.
Además, se iniciaron actuaciones judiciales por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, que sanciona la comercialización de sustancias peligrosas para la salud pública. La causa quedó a disposición de la Justicia para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.
