El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz inició en Río Gallegos el juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan, la tragedia naval que causó la muerte de 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017. Cuatro exjefes de la Armada están imputados y declararán cerca de 100 testigos.
La audiencia comenzó este martes en la sede judicial ubicada en la esquina de Kirchner y San Martín, en Río Gallegos, bajo la presidencia del juez Mario Reynaldi.
En el inicio del debate estuvieron presentes los cuatro imputados: el capitán de navío Héctor Alonso, el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, el capitán de navío Claudio Villamide y el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo.
Desde temprano también aguardó la apertura de la sala la abogada querellante Valeria Carreras, representante de 34 familiares de las víctimas, quien aseguró antes de ingresar: “Los mandaron al muere”.
“Represento a 34 familias y lo que tienen es más que expectativa, esperanza. No queremos favoritismos, queremos justicia y que se condene a los responsables”, afirmó.
Carreras fue una de las impulsoras de que el juicio se realizara en Río Gallegos y no en otras jurisdicciones como Mar del Plata o la Ciudad de Buenos Aires.
La hipótesis de la querella
La querella buscará demostrar que las 44 muertes fueron evitables y que existían antecedentes técnicos que advertían sobre fallas en el submarino.
Según sostuvo Carreras, en julio de 2017 ya se había registrado un episodio similar vinculado a las baterías. “El submarino avisó que esto iba a ocurrir y, sin embargo, nadie los detuvo”, señaló.
También anticipó que intentarán probar que no se actuó de manera adecuada ante la emergencia, ya que las primeras comunicaciones sobre el incendio en las baterías habrían comenzado la noche anterior al 15 de noviembre.
Las acusaciones contra los exjefes
Los imputados enfrentan cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento, ocupaba el máximo cargo operativo de la Armada y está acusado de no impedir que el submarino participara de la misión en el Atlántico Sur en las condiciones técnicas en que se encontraba.
Villamide, exjefe de la Fuerza de Submarinos, había recibido un informe con 47 desperfectos antes del último viaje. La fiscalía sostiene que, tras conocer el principio de incendio, debió ordenar que la nave navegara en superficie.
Alonso, responsable de mantenimiento y arsenales, está acusado de no garantizar el cumplimiento de las normas de alistamiento técnico ni activar con rapidez el Estado Mayor ante la emergencia.
Correa, exjefe del Departamento de Operaciones, recibió el primer mensaje satelital que informaba el incendio y la acusación sostiene que minimizó la gravedad de la situación.
El tribunal está integrado además por los jueces Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto.
Un proceso histórico
El juicio prevé la declaración de alrededor de 100 testigos, entre oficiales navales, especialistas técnicos y personal que participó en la búsqueda del submarino. También se espera que los cuatro imputados amplíen su indagatoria en las próximas jornadas.
Más de ocho años después del hundimiento del ARA San Juan, la Justicia federal comienza a analizar en un debate oral la actuación de la cadena de mando de la Armada en una de las mayores tragedias navales de la historia argentina reciente.
