En un movimiento que ha generado amplio debate, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció la reducción de la edad mínima para portar armas en el país.
La actualización del artículo 55 señala que ahora cualquier ciudadano mayor de 18 años podrá ser considerado “legítimo usuario” de armas. Según el texto, la decisión busca “reconocer la capacidad de los ciudadanos” para el uso responsable de armas, armonizando la legislación con otros derechos civiles alcanzados a esa edad. Los interesados en portar armas deberán cumplir con ciertos requisitos, como no poseer antecedentes policiales o penales, acreditar sus datos personales en una dependencia policial y demostrar aptitud física y mental para la tenencia.
El Contexto del Cambio y sus Objetivos
Desde mayo de este año, el Gobierno ya había adelantado su intención de simplificar los trámites relacionados con la portación de armas. Con esta modificación, se busca facilitar el acceso legal y seguro a las armas, modernizar el registro de armas de fuego y establecer procesos administrativos más ágiles para que los ciudadanos puedan declarar armas no registradas o solicitar su destrucción sin enfrentar consecuencias legales. Según estimaciones oficiales, en la actualidad existen más de 800,000 armas de fuego en tenencia irregular, lo que motiva al Gobierno a actualizar la normativa para lograr un mayor control y seguridad.
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
Como parte de esta política, se reactivó el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que estará vigente por cuatro años más. Este programa permite a los ciudadanos entregar sus armas de manera anónima para su destrucción. Además, se introdujo una modalidad que facilita la regularización de armas no declaradas, permitiendo a los ciudadanos conservarlas bajo el estatus de “legítimo usuario”.
