En Corrientes, se realizaron recientes allanamientos en Lavalle y Santa Lucía que permitieron el rescate de 15 personas en condiciones de explotación laboral. La investigación estuvo a cargo del Juzgado Federal de Goya y la Fiscalía, detectando que dos de las víctimas pertenecen a la comunidad Qom.
Los operativos se llevaron a cabo tras denuncias por trata laboral y evasión impositiva, bajo la supervisión de la Dra. Cristina Pozzer Penzo y el fiscal Mariano De Guzmán. Las acciones se realizaron en zonas rurales de Lavalle y Santa Lucía, donde se detectó que las personas trabajaban en condiciones infrahumanas.
Víctimas y situación
Entre los 15 rescatados, dos eran de la comunidad Qom de Formosa, quienes no hablaban español. Además, cinco personas eran oriundas de Mendoza y el resto pertenecía a localidades rurales de Lavalle. La investigación indica que el principal sospechoso es un productor identificado como Eusebio Torres, presunto propietario de los lugares donde se explotaba a los trabajadores.
Elementos secuestrados
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron una camioneta Toyota Hilux, dinero en efectivo, celulares, otros dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa. Estos elementos serán utilizados como pruebas en el proceso judicial.
Acción de las autoridades
El operativo contó con la participación de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Goya”, profesionales del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas, el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata Delegación NEA, la Dirección Nacional de Migraciones de Corrientes, AFIP-DGI, el Ministerio de Trabajo, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados de Corrientes.
Origen de la investigación
La investigación se inició a partir de una denuncia recibida por la Gendarmería Nacional en la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Goya”. La persona denunciante describió situaciones que evidenciaban explotación laboral en la zona rural, lo que llevó a la fiscalía federal de Goya a solicitar una serie de medidas para corroborar los hechos.
