En una votación ajustada y tras un intenso debate político, el Senado de la Nación aprobó modificaciones a la Ley de Glaciares, una normativa clave para la protección de reservas estratégicas de agua dulce en Argentina. El proyecto impulsado por el Gobierno nacional obtuvo 40 votos afirmativos y 31 negativos, y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
La Cámara alta aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con respaldo del oficialismo y parte de la oposición, permitiendo avanzar con cambios en la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Tras la votación, dirigentes del Gobierno celebraron desde los palcos del recinto, entre ellos la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el ministro del Interior Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.
El proyecto ahora deberá ser debatido en Diputados para su sanción definitiva.
Incidentes y tensión en las afueras del Congreso
Antes del inicio del tratamiento legislativo se registraron incidentes frente al Congreso nacional, cuando activistas de la organización ambiental Greenpeace intentaron ingresar al Palacio Legislativo en señal de protesta.
Durante el operativo de seguridad fueron detenidos varios manifestantes y se produjo un episodio polémico cuando un camarógrafo del canal A24 resultó reprimido mientras registraba el accionar policial.
Qué cambia con la reforma de la Ley de Glaciares
El proyecto busca redefinir el alcance de las zonas protegidas dentro del ambiente periglacial, estableciendo diferencias entre:
- Áreas que cumplen funciones como reservas estratégicas de recursos hídricos.
- Sectores que no poseen una función hídrica comprobable y podrían habilitar actividades económicas.
De esta manera, se mantiene la prohibición absoluta de actividades extractivas sobre glaciares, pero se abre la posibilidad de desarrollar inversiones productivas en determinadas zonas periglaciares.
La iniciativa también fortalece el Inventario Nacional de Glaciares, cuya elaboración continuará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Posturas enfrentadas durante el debate
El senador oficialista Agustín Coto sostuvo que la reforma busca “armonizar la normativa” y eliminar ambigüedades jurídicas existentes en la legislación actual.
Desde la oposición, el senador Daniel Pablo Bensusán advirtió que la discusión involucra intereses ambientales estratégicos vinculados al acceso al agua.
En la misma línea crítica se expresaron Alicia Kirchner y Martín Soria, quienes señalaron que la iniciativa podría implicar un retroceso en materia ambiental y favorecer actividades extractivas en zonas sensibles.
Por su parte, legisladores oficialistas defendieron el proyecto argumentando que permitirá impulsar el desarrollo económico provincial sin comprometer la protección del recurso hídrico.
