El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este viernes que el Gobierno argentino suspendió 110.522 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral que habrían sido otorgadas de forma irregular en gestiones anteriores.
Según Adorni, el 60% de los beneficiarios no se presentó a verificar los requisitos para continuar recibiendo la pensión. Entre los casos detectados, se hallaron múltiples expedientes con los mismos estudios médicos —incluso una radiografía de hombro utilizada en 150 trámites distintos durante la gestión anterior en Chaco—.
La investigación fue llevada adelante por la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS), dirigida por el abogado Diego Spagnuolo, que detectó una actividad fraudulenta a gran escala, estimando un desvío de fondos cercano a los 1.000 millones de dólares anuales.
Impacto económico
El Ejecutivo calculó que estas bajas representan un ahorro aproximado de 35 mil millones de pesos mensuales para las arcas del Estado. Las auditorías se realizaron con profesionales médicos del PAMI y personal de la ANDIS, y no incluyen a menores de edad ni a personas ya auditadas en 2024.
Evolución de las pensiones
Adorni recordó que entre 2003 y 2015 las pensiones por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000. Durante el gobierno de Mauricio Macri se redujeron levemente a 1.026.000, pero volvieron a aumentar hasta alcanzar 1.222.000 en diciembre de 2023.
En comparación internacional, señaló que en Israel —país en conflicto bélico permanente— el 3,5% de la población activa recibe pensión por discapacidad, mientras que en Argentina ese porcentaje es del 4,6%.
Críticas al Congreso
La medida se conoció después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la ley que amplía el presupuesto para el sector. Adorni cuestionó la decisión y acusó a los legisladores de “defender un sistema corrupto” que desvió fondos públicos en favor de intereses políticos.
