La Corte Suprema confirmó la inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. La ex mandataria queda fuera del padrón electoral y no podrá ocupar cargos públicos ni partidarios.
Cristina Fernández de Kirchner quedó inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema en la causa conocida como “Vialidad”. El fallo no solo ratifica una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta, sino que la excluye del padrón electoral, lo cual le impide continuar como presidenta del Partido Justicialista (PJ) nacional, cargo que había asumido el pasado 11 de diciembre.
La exclusión del padrón es consecuencia directa de una sentencia firme por delito doloso, según lo establece el Código Nacional Electoral. A su vez, la Ley de Partidos Políticos exige estar empadronado para ser afiliado y ocupar cargos partidarios. De esta forma, la ex presidenta no podrá participar formalmente en ningún ámbito institucional del PJ ni de ninguna otra fuerza política.
Cristina Kirchner recibió la noticia en la sede del PJ en la calle Matheu, acompañada por militantes. Desde allí, expresó: “Al cepo del salario del gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”, en un mensaje con fuerte tono político.
La sentencia también deja sin efecto su reciente precandidatura como legisladora por la tercera sección electoral bonaerense, anunciada la semana pasada. Esa postulación queda invalidada por su exclusión del padrón, proceso que ya está en marcha.
El juez Jorge Gorini, a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 2, notificará a la Cámara Nacional Electoral para que actualice la situación de los condenados en esta causa. Entre ellos figuran también los ex funcionarios José López y Nelson Periotti. La Cámara informará en qué distrito está empadronado cada uno, y luego serán los jueces electorales provinciales quienes ejecutarán la eliminación del registro de votantes.
El Código Penal, en sus artículos 12 y 19, establece que las penas mayores a tres años implican inhabilitación absoluta, lo que conlleva la pérdida de empleo público, derechos electorales, posibilidad de ejercer cargos y suspensión de beneficios previsionales, punto que ya generó objeciones desde el Gobierno nacional.
