Donald Trump profundizó su enfrentamiento político con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva al firmar una orden ejecutiva que impone aranceles del 50% a Brasil. Además, sancionó al juez Alexandre de Moraes, quien encabeza el juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro.
Este miércoles, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone un arancel adicional del 40% sobre productos brasileños, elevando el total al 50%. Según el comunicado, esta medida responde a las “acciones recientes del gobierno brasileño que constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”.
Además, el gobierno estadounidense denunció supuestos “ataques insidiosos de Brasil a las elecciones libres y a los derechos fundamentales de libertad de expresión de los estadounidenses”.
El contexto del enfrentamiento entre Trump y Lula
La escalada se produjo después de declaraciones de Lula al diario The New York Times, donde afirmó que “Brasil nunca negociará como si fuera un país pequeño”. En respuesta, Trump volvió a cuestionar al gobierno brasileño por la “persecución política” contra Jair Bolsonaro y sus seguidores, asegurando que se trata de “violaciones graves a los derechos humanos”.
Trump ha manifestado en reiteradas ocasiones su respaldo a Bolsonaro, quien enfrenta múltiples causas judiciales, entre ellas la del intento de golpe de Estado.
Sanción a Alexandre de Moraes bajo la Ley Magnitsky
En paralelo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones al juez Alexandre de Moraes, quien lleva adelante las causas contra Bolsonaro. Estas se aplicaron bajo la Ley Magnitsky, que permite sancionar a funcionarios extranjeros involucrados en actos de corrupción o violaciones de derechos humanos.
El magistrado fue sancionado por haber “coaccionado a empresas estadounidenses a censurar contenidos y entregar datos de usuarios”, en referencia a la orden judicial que suspendió a nivel nacional la red social X (antes Twitter) en Brasil, tras incumplimientos por parte de Elon Musk.
Reacción del gobierno brasileño
Desde Brasilia, las respuestas no se hicieron esperar. El jefe de la AGU, Jorge Messias, calificó la decisión de Washington como un “grave e inaceptable ataque a la soberanía brasileña”. Por su parte, la canciller Gleisi Hoffmann consideró la sanción como un “acto violento y arrogante” y acusó a la familia Bolsonaro de “traicionar al país”.
La tensión diplomática se profundiza en un contexto donde ambos gobiernos tienen visiones opuestas sobre el rol de la justicia, la libertad de expresión y los equilibrios democráticos en América Latina.
