La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto al Ministerio de Salud, puso en marcha una auditoría masiva de pensiones por discapacidad, y ya notificó a más de 550.000 beneficiarios. El Gobierno analiza suspender 270.000 pensiones debido a que no logró verificar los domicilios de los beneficiarios citados.
En el marco de una auditoría sobre un millón de pensiones por discapacidad, el Gobierno nacional analiza suspender 270.000 beneficios correspondientes a personas cuyos domicilios no pudieron ser verificados.
La medida está siendo llevada adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, que ya envió más de 550.000 notificaciones a beneficiarios en todo el país. Sin embargo, solo logró contactar a 280.000 personas.
Desde la Casa Rosada informaron que en más de 220.000 casos no se logró encontrar el domicilio informado, y que otros 50.000 quedaron sin documentación entregada por causas como rechazos, plazos vencidos o ausencia de personas en el domicilio.
Posibles suspensiones de pagos y nuevos controles
Ante este panorama, el Ejecutivo estudia suspender el pago de las pensiones correspondientes a estos 270.000 casos mientras continúa el proceso de verificación. Además, quedan pendientes unas 110.000 notificaciones que aún no fueron enviadas.
Desde el oficialismo expresaron que quienes no presenten la documentación médica requerida o no asistan a los controles perderán el beneficio: “Si no podemos corroborar que son personas discapacitadas, las vamos a dar de baja”.
Además, el Gobierno informó que cruzará los datos con la Dirección Nacional de Migraciones para detectar posibles beneficiarios que ya no residen en el país. “Si suspendemos el pago y no hay reclamos, entendemos que había una irregularidad”, explicaron desde el Ejecutivo.
Cambios normativos y nuevas exigencias
Esta auditoría se realiza tras la derogación de la resolución 187/2025, la cual establecía el marco normativo vigente hasta ahora. El Gobierno trabaja en una nueva reglamentación, que será elaborada con la participación de profesionales, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, tendrá a su cargo la presentación del nuevo marco normativo, que incluirá requisitos más estrictos de certificación médica.
Los nuevos criterios exigirán la presentación de un certificado médico oficial, un resumen detallado de la historia clínica, y estudios complementarios que justifiquen la condición de discapacidad. La convocatoria de turnos para realizar las entrevistas médicas comenzó el 1 de marzo de este año.
La oposición pide declarar la emergencia
En respuesta al avance de las suspensiones, la oposición presentó un proyecto de ley en el Congreso para declarar la emergencia en discapacidad. La iniciativa busca saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud, actualizar mensualmente los aranceles y garantizar el financiamiento de las pensiones, con controles que no afecten los derechos de los beneficiarios.
El proyecto también propone establecer nuevos mecanismos de supervisión que respeten la dignidad y el acceso equitativo a los beneficios del sistema.
