Un fiscal federal solicitó la detención e inhibición de bienes del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención e indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en una causa que investiga presuntas maniobras delictivas vinculadas al manejo de fondos dentro de la Asociación del Fútbol Argentino.
El requerimiento fue elevado ante el juez federal Sebastián Argibay, aunque debido a su licencia, el expediente quedó momentáneamente bajo la órbita de un magistrado de turno en Tucumán.
Pedido de detención e inhibición de bienes
En su presentación, el fiscal no solo pidió las detenciones, sino también una serie de medidas complementarias, como allanamientos, peritajes y la inhibición de bienes de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, que alcanzaría propiedades, vehículos y empresas vinculadas a los imputados.
Según la acusación, existirían elementos que indicarían la presencia de una estructura organizada con capacidad económica significativa, lo que podría justificar medidas preventivas ante el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
La investigación por presunto lavado de activos
La causa analiza supuestas maniobras que habrían implicado la desviación de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino mediante transferencias hacia firmas relacionadas con Toviggino.
De acuerdo con el planteo fiscal, Tapia habría tenido un rol clave al convalidar estas operaciones desde su posición como titular de la entidad.
Entre las empresas mencionadas en el expediente aparece Real Central SRL, señalada como propietaria de un inmueble de alto valor, además de otras sociedades que habrían participado en circuitos de facturación cruzada.
También se menciona a la firma TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni, la cual habría emitido comprobantes para compañías relacionadas con el entramado investigado.
Un esquema financiero bajo sospecha
La investigación sostiene que el presunto circuito de maniobras habría tenido distintas etapas. En una primera instancia, los fondos habrían sido incorporados al sistema financiero a través de diversas sociedades.
Posteriormente, se habrían utilizado facturaciones entre empresas para dificultar el seguimiento del dinero, y finalmente los recursos se habrían destinado a la compra de bienes, inversiones y operaciones cambiarias con el objetivo de ocultar su origen.
El expediente también incluye informes de organismos de control que detectaron un crecimiento patrimonial significativo en varias de las firmas investigadas, junto con la adquisición de vehículos, propiedades y movimientos al exterior.
Origen de la causa y próximos pasos
La causa se inició en diciembre de 2025 tras una denuncia que advertía sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos y posibles vínculos con actividades empresariales y políticas.
Además, la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver la competencia en otro expediente relacionado, lo que podría tener impacto en el desarrollo del proceso judicial.
