El Municipio de San Miguel encendió la alarma por el avance de la caza ilegal en los Esteros del Iberá, específicamente en el Portal San Nicolás, uno de los accesos más importantes del Parque Nacional en la provincia de Corrientes.
Según informaron autoridades municipales, durante los primeros días de diciembre de 2025 se detectaron múltiples irregularidades en el Portal San Nicolás, luego de que el camino de acceso fuera cerrado con candados, pese a contar con servidumbre de paso.
Esta situación impide el ingreso normal a sectores clave del área protegida, como senderos, miradores y el puerto, afectando tanto a visitantes como a trabajadores del turismo. A ello se suma la reducción del personal de guardaparques, la ausencia de inspectores de Fauna y Flora y la escasa presencia policial, lo que habría facilitado el crecimiento de actividades ilegales.
Caza furtiva en una zona de alto valor ambiental
Las autoridades alertaron que la falta de controles favoreció el avance de la caza furtiva, una práctica que representa una amenaza directa para especies protegidas de gran valor ecológico.
El Portal San Nicolás es considerado un punto estratégico para el avistaje de fauna silvestre. En la zona habitan especies emblemáticas como el yaguareté (con al menos siete ejemplares registrados), el venado de las pampas, el oso hormiguero gigante y el pecarí de collar, todas de alto interés para la conservación y el ecoturismo.
Registros audiovisuales y hechos denunciados
De acuerdo a imágenes obtenidas mediante cámaras trampa y registros en video, se detectó la presencia de tres personas a caballo, armadas con armas de fuego y armas blancas, acompañadas por perros y transportando animales muertos, entre ellos carpinchos y mulitas.
Desde el municipio señalaron que actualmente no hay un guardaparque permanente en el portal, ya que el personal fue trasladado al casco urbano, dejando desprotegida una de las zonas más sensibles del parque.
Reclamos y consecuencias para la comunidad
El Municipio de San Miguel reclamó de manera urgente una mayor presencia de guardaparques, inspectores ambientales y fuerzas de seguridad en el área. Además, solicitaron la creación de una Fiscalía local especializada, que permita agilizar las causas judiciales vinculadas a delitos ambientales.
Advirtieron que la situación no solo genera un grave daño a la fauna protegida, sino que también impacta negativamente en el turismo de naturaleza, afectando de forma directa a familias que dependen de esta actividad como principal fuente de ingresos.
