La causa judicial por Generación Zoe y su fundador, Leonardo Cositorto, vuelve a quedar en el centro de la escena tras una serie de planteos realizados por la defensa, que sostiene que la investigación desarrollada en Villa María, Córdoba, presenta presuntas irregularidades que deberían ser revisadas por la Justicia. Los abogados del empresario afirman que existen elementos del expediente que, según su postura, contradicen parte de la hipótesis acusatoria y plantean dudas sobre el desarrollo de la instrucción.
En sus presentaciones judiciales, los abogados de Leonardo Cositorto sostienen que el expediente contiene información que podría poner en discusión algunos de los fundamentos con los que se impulsó la causa.
Uno de los principales argumentos es que Generación Zoe habría operado bajo la figura de un Fideicomiso de Administración, Educación y Capitalización, inscripto ante la Inspección General de Justicia (IGJ), mientras que las obligaciones económicas investigadas en Córdoba corresponderían, según esa interpretación, a otra sociedad identificada como AL COACHES SAS.
La defensa considera que esta diferencia debería ser analizada en profundidad por la Justicia.
También mencionan un informe de la Comisión Nacional de Valores
Otro de los puntos expuestos por los abogados hace referencia a un informe de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Según la defensa, tras una auditoría realizada sobre la operatoria del grupo, el organismo no habría detectado infracciones a la normativa financiera por parte de sus directivos. A criterio de los representantes legales de Cositorto, esa conclusión sería incompatible con algunos de los argumentos utilizados durante la investigación.
Sin embargo, este planteo también forma parte de la posición de la defensa y no implica un pronunciamiento judicial sobre el fondo de la causa.
Plantean dudas sobre testimonios y el origen del expediente
Los escritos presentados también cuestionan la producción de determinadas pruebas testimoniales.
Entre los argumentos, la defensa sostiene que existirían actuaciones que indicarían que una estudiante habría sido advertida sobre una eventual imputación penal si no formalizaba una denuncia. Esa afirmación integra los planteos defensivos y, hasta el momento, no ha sido confirmada por la Justicia.
Asimismo, los abogados sostienen que la investigación se habría iniciado a partir de una supuesta denuncia anónima cuya existencia, según afirman, no estaría respaldada por registros técnicos u oficiales dentro del expediente.
El debate sobre el patrimonio y los bienes secuestrados
En el aspecto económico, la defensa sostiene que el conflicto patrimonial inicial rondaba los 169 mil dólares y afirma que Leonardo Cositorto habría ofrecido cancelar esa suma durante las primeras etapas del proceso.
Según esa versión, la propuesta no prosperó y la intervención judicial derivó en la paralización de un grupo empresario cuyos activos habrían sido valuados en aproximadamente 200 millones de dólares.
Entre los bienes mencionados figuran dinero en efectivo, vehículos, cuentas bancarias y 611 bitcoins, cuyo destino continúa siendo materia de discusión dentro del proceso judicial.
La figura de asociación ilícita, otro de los cuestionamientos
La estrategia defensiva también apunta contra la imputación por asociación ilícita.
Los abogados sostienen que la acusación no definiría con precisión cuándo se habría conformado la presunta organización, cuáles eran los roles específicos de cada uno de sus integrantes ni de qué manera se habría concretado el supuesto acuerdo delictivo.
A criterio de la defensa, estos aspectos deberían ser revisados por la Justicia durante el avance de la causa.
La investigación sigue en curso
Mientras el proceso continúa en distintas instancias judiciales, la defensa insiste en que Leonardo Cositorto mantiene su estado de inocencia, principio garantizado por la legislación argentina hasta la existencia de una sentencia firme.
Por el momento, los planteos realizados forman parte de la estrategia de los abogados defensores y deberán ser analizados por los tribunales intervinientes, que serán los encargados de determinar si corresponde revisar alguna de las actuaciones cuestionadas.
