El Tribunal Oral Federal 2 dispuso un embargo preventivo sobre el inmueble de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. La medida se enmarca en una nueva etapa del proceso de decomiso de bienes vinculados a los condenados en la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó el embargo preventivo del departamento ubicado en San José 1111, inmueble donde Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria en el marco de la condena por la causa Vialidad.
La medida judicial se encuentra vinculada con una nueva etapa del procedimiento destinado a determinar qué bienes podrían ser alcanzados por el decomiso para afrontar el perjuicio económico establecido en la sentencia.
El embargo tiene carácter preventivo y, por el momento, no significa que el departamento haya sido decomisado ni que exista una orden de subasta.
Qué decidió el Tribunal Oral Federal 2
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso dispusieron la medida con el objetivo de preservar el inmueble mientras continúa el proceso judicial.
De esta manera, el departamento queda sujeto a una medida que busca evitar que pueda ser transferido, gravado o afectado mientras se determina su eventual destino dentro del proceso de recuperación de activos.
La decisión se suma a otras medidas adoptadas sobre propiedades y bienes que podrían quedar vinculados al cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de la condena.
El departamento pertenece a Los Sauces
El inmueble de San José 1111 se encuentra vinculado a Los Sauces, una sociedad relacionada con la familia Kirchner.
Su incorporación a esta nueva etapa del procedimiento se produjo luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara avanzar sobre nuevos bienes con el objetivo de ampliar el conjunto de activos que podrían utilizarse para recuperar el dinero correspondiente al perjuicio fijado judicialmente.
Por ahora, el embargo funciona como una medida de resguardo y será el desarrollo del proceso el que determine si el inmueble queda finalmente alcanzado por el decomiso.
El monto del perjuicio económico
En el marco de la causa Vialidad, los condenados deben afrontar un monto que actualmente ronda los $685.000 millones, de acuerdo con la actualización del perjuicio económico establecido en el expediente.
La causa estuvo vinculada con irregularidades detectadas en la adjudicación y ejecución de obra pública vial en Santa Cruz.
El proceso de decomiso busca determinar qué bienes pueden ser ejecutados para hacer efectivo el recupero del dinero establecido por la Justicia.
Una primera etapa ya incluye 111 propiedades
El procedimiento de recuperación de activos contempla distintas etapas.
La primera etapa del decomiso incluye 111 propiedades, aunque su resolución definitiva se encuentra pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En paralelo, el TOF 2 continúa analizando otros bienes que podrían quedar alcanzados por las disposiciones vinculadas al decomiso.
Qué planteó el tribunal sobre los bienes
En la resolución, los magistrados remarcaron que la sentencia de la causa determinó la existencia de beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner, según el criterio adoptado en el expediente.
Los jueces también señalaron que durante el período investigado existió una conexión económica y comercial entre el empresario y sociedades vinculadas al grupo familiar.
A partir de ese razonamiento, el tribunal consideró que determinados bienes incorporados a los patrimonios de los condenados durante el período comprendido entre 2003 y 2015 pueden quedar bajo análisis para un eventual decomiso.
La resolución también contempla la posibilidad de alcanzar determinados activos que hayan sido transferidos gratuitamente a terceros cuando se determine que existe una vinculación con el producto o beneficio de los delitos investigados.
El embargo no implica un decomiso inmediato
Uno de los puntos centrales de la decisión es diferenciar el embargo preventivo del decomiso.
La medida adoptada sobre el departamento de San José 1111 busca preservar el activo mientras continúa el proceso judicial. Esto significa que el inmueble no fue subastado ni decomisado de manera definitiva por esta decisión.
El futuro del departamento dependerá de las resoluciones que se adopten en las distintas instancias judiciales involucradas en el proceso de decomiso de bienes.
