La Justicia de Goya condenó a la abogada esquinense Marina Soledad Arce a tres años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer la profesión por el mismo período, tras encontrarla responsable de diversos delitos relacionados con estafas, falsificación de documentación pública y retención indebida. La sentencia fue dictada luego de una extensa investigación que reunió pruebas periciales y testimoniales.
El fallo fue emitido por el juez unipersonal Julio Ángel Duarte, quien resolvió condenar a la profesional tras considerar probada su participación en distintos hechos denunciados por clientes que resultaron perjudicados.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó una importante cantidad de pruebas, entre ellas pericias informáticas, estudios documentológicos y declaraciones testimoniales que permitieron reconstruir las maniobras investigadas.
Según se determinó en el juicio, algunas de las víctimas habrían abonado sumas de dinero por gestiones y trámites que nunca fueron concretados. Además, en determinados casos se habría entregado documentación que carecía de validez legal.
Mantendrá prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme
En la resolución, el magistrado dispuso que la condenada continúe bajo la modalidad de prisión domiciliaria hasta que la sentencia adquiera firmeza.
Una vez agotadas las instancias recursivas previstas por la ley, deberá cumplir la pena impuesta bajo la supervisión del Servicio Penitenciario de Corrientes.
La medida busca garantizar el cumplimiento de la condena mientras se desarrollan los procedimientos judiciales correspondientes a una eventual revisión del fallo.
La defensa analiza presentar un recurso de casación
Tras conocerse la sentencia, la defensa de Marina Soledad Arce evalúa recurrir la decisión judicial mediante un recurso de casación.
El objetivo sería obtener una modificación de la pena impuesta para que la condena pueda cumplirse bajo la modalidad de ejecución condicional, evitando así el efectivo cumplimiento en una unidad penitenciaria.
Por el momento, la resolución judicial mantiene plena vigencia hasta que exista una decisión de una instancia superior.
La sentencia respaldó la acusación fiscal y las querellas
El tribunal hizo lugar a los planteos formulados por la Fiscalía y por las querellas particulares que participaron en las distintas causas acumuladas durante la investigación.
De esta manera, la Justicia declaró la responsabilidad penal de la profesional en varios expedientes vinculados a hechos cometidos en perjuicio de diferentes clientes, cerrando una etapa clave de un proceso que se extendió durante casi un año.
Imagen: Juan Cruz Velasquez
