La Justicia Comercial de Resistencia decretó la quiebra de CARSA S.A., empresa que explotaba la marca Musimundo en el nordeste argentino y parte de Buenos Aires. La decisión llegó después del cierre de sucursales, despidos y el fracaso de un intento de reestructuración. Además, los administradores de la compañía no podrán salir del país sin autorización judicial.
La crisis de Musimundo sumó un nuevo y decisivo capítulo. El Juzgado Civil y Comercial N.º 23 de Resistencia resolvió decretar la quiebra de CARSA S.A., sociedad que operaba la reconocida cadena de electrodomésticos en distintas provincias del norte argentino y algunas localidades bonaerenses.
La resolución fue dictada el 2 de septiembre de 2026 por el juez Fernando Luis Lavenas, quien dejó sin efecto el concurso preventivo que había sido abierto semanas atrás y ordenó avanzar con el proceso de liquidación de los activos de la empresa una vez que la sentencia quede firme.
El cierre de sucursales fue determinante
La decisión judicial se produjo luego de una fuerte reducción de la estructura comercial de CARSA, que incluyó el cierre de locales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones y el despido de trabajadores.
La empresa también había intentado transferir 45 sucursales como parte de una estrategia para obtener recursos y sostener su actividad. Sin embargo, esa operación finalmente no pudo concretarse.
Ante esa situación, CARSA presentó un plan para reducir drásticamente sus operaciones y concentrarse principalmente en el cobro de cuotas correspondientes a ventas realizadas anteriormente.
Para el juez, ese escenario demostraba que la compañía había dejado de contar con una estructura comercial capaz de sostener un proceso de recuperación.
Una deuda superior a $63.500 millones
CARSA había solicitado un nuevo concurso preventivo en julio de 2026, declarando un pasivo de aproximadamente $63.503 millones, además de más de $1.593 millones correspondientes a cheques rechazados.
El objetivo inicial era mantener la continuidad de la empresa, preservar puestos de trabajo y negociar una salida con los acreedores.
Sin embargo, durante las semanas siguientes, el escenario se deterioró con el cierre de establecimientos, la reducción de personal y la imposibilidad de concretar la transferencia de las sucursales.
El plan de reducción no alcanzó para sostener la empresa
La compañía había estimado que el cierre de locales y la disminución de gastos vinculados con alquileres, salarios y logística permitirían ahorrar alrededor de $1.420 millones mensuales.
Pero la sindicatura cuestionó que el plan detallara principalmente los gastos que se eliminarían y no explicara con precisión cuáles serían los ingresos que permitirían mantener las operaciones.
Entre otras cuestiones, CARSA no habría informado de manera suficiente el volumen de cuotas pendientes de cobro, la composición de esa cartera y qué parte de esos créditos podía encontrarse vinculada a fideicomisos financieros.
El juzgado consideró que esa falta de información resultaba relevante debido a que las cobranzas constituían prácticamente el único sostén económico previsto para la empresa.
De la reestructuración a la liquidación
Con la declaración de quiebra, el objetivo del proceso judicial cambia sustancialmente. Ya no se busca recuperar la actividad comercial de CARSA mediante un acuerdo con sus acreedores, sino preservar sus bienes, determinar su patrimonio y avanzar posteriormente con su liquidación.
La Justicia dispuso la inhibición general de la compañía para vender o gravar bienes registrables en Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Buenos Aires.
También ordenó poner los bienes y documentación contable a disposición de la sindicatura y estableció restricciones sobre los pagos que pudieran realizarse directamente a la sociedad.
Clausuras e incautación de bienes
La resolución también contempla medidas para preservar los activos de la compañía.
Entre ellas se encuentra la clausura de establecimientos, el control para evitar el retiro de mercadería y el inventario de muebles, vehículos, equipos informáticos y otros bienes pertenecientes a CARSA.
El fallo incluso autoriza el secuestro de automóviles, utilitarios, camiones y motocicletas de la empresa, que deberán quedar bajo resguardo hasta que el tribunal determine su destino.
La sindicatura podrá realizar los inventarios correspondientes con intervención de oficiales de Justicia y recurrir a la fuerza pública cuando resulte necesario.
Los administradores no podrán salir del país
Uno de los puntos destacados de la resolución es la restricción impuesta a los administradores de CARSA.
De acuerdo con el fallo, no podrán abandonar el país sin autorización judicial hasta que se presente el informe general de la sindicatura.
Para hacer efectiva la medida, el juzgado ordenó comunicar la decisión a organismos como Migraciones, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Aduana y Policía del Chaco.
Qué pasará con los acreedores
El proceso de quiebra continuará ahora con la verificación de las deudas reclamadas.
Los acreedores de CARSA tendrán plazo hasta el 6 de noviembre de 2026 para presentar sus pedidos de verificación y acreditar el origen, monto y privilegio de los créditos.
La sindicatura deberá presentar el informe individual de los créditos el 30 de marzo de 2027, mientras que el informe general quedó previsto para el 25 de junio de 2027.
Ese último documento deberá analizar, entre otros aspectos, la situación patrimonial de la empresa, las causas que llevaron a la insolvencia y la conducta de sus administradores.
Qué significa para Musimundo y las sucursales
CARSA era una de las empresas que operaban la marca Musimundo bajo licencia, con presencia especialmente fuerte en el nordeste argentino.
En las últimas semanas, el cierre de sucursales en Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones ya había generado preocupación entre trabajadores y consumidores.
La declaración de quiebra profundiza ahora la incertidumbre sobre el futuro de la estructura comercial que permanecía vinculada a la compañía y abre una nueva etapa judicial, centrada en la preservación y posterior liquidación de sus activos.
CARSA ya había atravesado un concurso preventivo en 2018, en un contexto marcado por la caída del consumo, el aumento de los costos financieros y la acumulación de deudas.
